La evaluación anual del Estado de derecho que realiza la Comisión Europea ha progresado en muchos estados miembros, pero tiene varias deficiencias. Dos de ellos se detectaron en Hungría y Eslovaquia, países gobernados por los ultranacionalistas Viktor Orbán y Robert Fico, y en los que prácticamente no han avanzado respecto a las recomendaciones realizadas en 2023 y en los que han denunciado la falta de medidas tomadas contra la corrupción. . . Frente a los déficits de estos países, la situación fue mejor en Polonia, que cambió de gobierno a finales del año pasado y que fue otro de los estados que sólo destacó por sus ataques al Estado de derecho.
El informe sobre la situación actual de la UE llega este año a su quinta edición. El incumplimiento de las recomendaciones comunicadas a la Comisión no tiene consecuencias jurídicas ni da lugar a la apertura de procedimientos de infracción. Sin embargo, si implica un mensaje público de que, en el tenor de las cifras presentadas por la Dirección General de Justicia del Ejecutivo de la Unión, los gobiernos deben actuar para hacer reformas que fortalezcan la independencia de la justicia, estimulen la transparencia, mejoren la lucha contra la corrupción o fortalecer la libertad de prensa. La evaluación global de la revisión de este año indica que el 68% de las recomendaciones proporcionadas en la edición anterior de la información, en 2023, fueron adoptadas “total o parcialmente” por los Estados miembros.
Supongo que no sorprende que Hungría aparezca como un país que no ha seguido ninguna de las recomendaciones específicas reconocidas en la evaluación del año pasado. Desde que regresó al poder en 2010 (después de gobernar a finales del siglo XX), Orbán ha erosionado buena parte de los principios básicos del Estado actual. La batalla contra la Comisión Europea y el Parlamento Europeo por este motivo llega a un punto crítico. Además, el Consejo de la UE ha abierto un expediente a petición de la Eurocámara que puede conducir al mayor castigo que la Unión contempla en los tratados, la pérdida del derecho de voto del Estado miembro sospechoso de violar los principios europeos. Es un paso que la mayoría de los países no están dispuestos a dar.
En concreto, el capítulo húngaro de la información de la Comisión Europea señala que ninguna de las recomendaciones formuladas por usted logró avances hace un año. Es notable la constatación del fracaso de los avances contra la corrupción, uno de los motivos que llevó a la UE a mantener congelada la entrada de más de 20.000 millones de euros en los fondos comunitarios de Budapest. La lista de reproches por los olores aburridos que se lanzan a los ayuntamientos de Bruselas continúa con el fracaso de la independencia judicial y de los medios de comunicación pública, la falta de transparencia en la publicidad institucional y de las empresas públicas, la asfixia en las organizaciones de la sociedad civil o la falta de control en las declaraciones de intereses, en las puertas cerradas entre el sector público y el privado.
En Eslovaquia la situación es novedosa. Hace ya meses en Bruselas, la preocupación por la deriva del Estado centroeuropeo aumentó desde que Robert Fico llegó al poder en octubre de 2023, habiendo sufrido un intento de asesinato en uno de esos meses. Evolución sí, hablamos de avances en uno de los consejos anteriores, sobre la seguridad de las publicaciones periódicas de «entorno físico y laboral», pero es el único mejor. En el resto, entre los que se preocupan por la corrupción, Bruselas informó que «no hay avances».
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