La reciente aprobación de cambios al Código Penal en Honduras ha suscitado preocupación en diversos sectores sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como una transformación significativa en el marco legal que gobierna la protesta social, especialmente en un escenario donde se avecinan las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025. La discusión se ha incrementado debido a la percepción de que estas modificaciones podrían ser empleadas para restringir el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, derechos esenciales en toda democracia.
El Congreso Nacional introdujo cambios que agravan las penas para delitos vinculados a la protesta social, destacando la adición del artículo 378-A. Esta disposición establece que cualquier acción de protesta ejercida por dos o más personas puede conllevar un aumento de la pena de prisión, que pasa a ser de seis a diez años, además de la inhabilitación absoluta. Organizaciones de derechos humanos y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por el posible uso de estas reformas para criminalizar manifestaciones pacíficas y restringir las libertades de reunión y expresión.
Cambios en las leyes penales y su efecto en la protesta social
Las modificaciones al Código Penal han suscitado críticas de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento de las penalidades para aquellos involucrados en manifestaciones colectivas ha sido percibido como un potencial método para desalentar la movilización social. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas normativas podrían utilizarse para restringir la participación social y el uso de derechos esenciales. La alarma se intensifica considerando la posibilidad de que estas normativas se usen en escenarios de tensión política o electoral, donde las protestas ciudadanas suelen incrementarse.
Los hechos ocurridos durante las elecciones del año 2017, caracterizados por arrestos injustificados y represión de protestantes, aumentan el miedo de que tales escenarios vuelvan a presentarse con la nueva legislación. En este entorno, tanto la sociedad civil como figuras políticas han señalado el peligro de que se utilice la criminalización de la protesta como un medio para dominar la oposición y limitar el involucramiento de los ciudadanos en procesos políticos importantes.
Respuestas globales y pedidos de evaluación
La inquietud sobre el efecto de estas reformas ha cruzado las fronteras del país. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han manifestado preocupación por las recientes modificaciones del Código Penal en Honduras. Ambas organizaciones han llamado al Estado para que revise las reformas a fin de garantizar que no se violen los derechos básicos de la población.
En esta situación, se resalta la relevancia de asegurar la observancia de los derechos humanos y prevenir que las leyes penales se usen como herramienta para suprimir la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras diversos grupos sostienen la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la defensa efectiva de las libertades esenciales en Honduras.
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