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El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Las alertas en la sociedad hondureña se han encendido a raíz de una serie de medidas gubernamentales que indican un inquietante deterioro de los valores democráticos. Estas medidas cubren un rango que abarca desde la restricción de derechos civiles básicos, vitales para el pleno ejercicio ciudadano, hasta la adopción de mecanismos que intentan imponer un mayor control sobre los medios de comunicación, actores esenciales en la conformación de la opinión pública y en la supervisión del poder.
A esto se le añade la intuición de un plan intencional para reforzar el dominio en las diferentes instituciones estatales, lo cual podría resultar en una debilitación de la división de poderes y, por lo tanto, de los mecanismos de control y balance esenciales en un sistema democrático robusto. La unión de estas tendencias ha creado un ambiente de duda y miedo entre varios grupos, quienes perciben en estas acciones un modelo que podría llevar a un gobierno con rasgos autoritarios.
Peligros para las libertades básicas: manifestación, medios de comunicación y ejército
Dentro de las medidas que han suscitado debate se encuentra la supuesta penalización de la manifestación social, ya que se ha alegado la implementación de normativas y decretos que autorizan el uso de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que protestan, incluso en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones injustificadas de dirigentes comunitarios, despliegues policiales excesivos y amenazas de procesos judiciales contra colectivos sociales opositores al gobierno.
En contraste, ha habido preocupación respecto a la independencia periodística. Los periodistas y medios de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones fiscales, judiciales y de publicidad, así como actos de violencia e intimidación física. Instituciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su alarma por el deterioro de la libertad de prensa en el país.
Un tema de debate es el estado actual en las Fuerzas Armadas. Se han mencionado quejas sobre una supuesta eliminación selectiva de oficiales que no coinciden con la visión política del partido en el poder, al igual que el desarme parcial o el cambio de responsabilidades estratégicas hacia mandos alineados con el gobierno. Estas medidas han provocado inquietudes sobre la posible influencia política en la institución castrense.
El dilema democrático hondureño
Las acciones contra la prensa y la sociedad civil apuntan a silenciar voces disidentes, a la vez que sugieren una estrategia más amplia para desmantelar los contrapesos democráticos y consolidar un poder hegemónico.
La inquietud se ha manifestado en torno a la puesta en marcha de un plan que, de acuerdo con expertos y líderes opositores, pretende afianzar el poder del Partido LIBRE dentro de las entidades estatales, mediante la captura institucional, enmiendas a la constitución, acoso a la oposición y medios críticos, y la utilización de recursos estatales para el clientelismo político. Se ha mencionado el esfuerzo por controlar el Consejo Nacional Electoral, la nominación de personas asociadas con el ala más extrema del partido, los intentos de modificar la constitución, la creación de estructuras paralelas al gobierno y el alejamiento de Estados Unidos.
En el año 2025 se llevarán a cabo unas elecciones generales que se presentan como un momento importante para el porvenir del sistema democrático en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un régimen autoritario o preferir la protección de las instituciones democráticas.
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