El juicio del Alvia termina con un duro pulso entre Adif y el maquinista

Casi diez meses después de su inicio, el juicio por la catástrofe ferroviaria de Santiago de Compostela concluyó este jueves prácticamente igual que se inició, con la guerra en la atribución de responsabilidades entre los dos únicos acusados, el maquinista Francisco Garzón Amo y Andrés Cortabitarte, exresponsable de Seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). En el acto final de la vista, la intervención de los dos defensores, pues los reos declinaron hablar, volvieron a cargar contra la otra parte. “Todo en Adif y todo en Renfe se ha hecho bien excepto la conducta del maquinista”, afirmó Ignacio Sánchez, letrado de Cortabitarte. El de Garzón, Manuel Prieto, denunció la “negligencia de Adif” ante el riesgo de la curva del siniestro, que era “un clamor”.

Tal vez la marcada diferencia entre la duración de las intervenciones de las defensas se explique por el estilo de cada abogado, pero en el contexto de la vista el poco más de una hora que habló el abogado de Cortabitarte y las cerca de tres del de Garzón expresan la situación actual. Ambos acusados entraron en octubre en la sala especial que la Xunta habilitó en la Ciudad de la Cultura de Santiago para el macrojuicio bajo la petición de cuatro años de cárcel presentada por el fiscal, así como las acusaciones particulares.


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Hace poco más de un mes Cortabitarte se libró de la acusación de más peso, la del ministerio público, que sí la mantuvo para Garzón. Fue en el último trámite, en el de confirmar o modificar las conclusiones, cuando el fiscal Mario Piñeiro soltó el bombazo, después de que durante el juicio no apareciese ningún elemento significativo que no se hubiese conocido durante la larguísima instrucción.

La razón de Estado juega a favor de la absolución final del ex alto cargo, pero tiene en contra a la UE

La rectificación de la Fiscalía desató la iras de las víctimas. Este jueves, en la concentración a la puerta de la sala de vistas, volvieron a dejar claro que a su modo de ver la responsabilidad del ex alto cargo de la empresa pública Adif, representante del Estado según enfatizaron, resulta mayor que la del propio maquinista. Jesús Domínguez, presidente del principal colectivo de damnificados, la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, ha sostenido estos días, con motivo del décimo aniversario de la tragedia del pasado lunes, que el fiscal Piñeiro recibió “órdenes de arriba”. En el eje de esta polémica aparece el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, antiguo fiscal de medio ambiente en Galicia, si bien niega haber intervenido en el caso.

Sin embargo, aunque la Fiscalía haya vuelto a la posición que tenía hasta 2016, cuando el informe de la Agencia Ferroviaria Europea abortó en el último momento el plan para juzgar sólo al maquinista, la situación ahora es diferente. Cortabitarte sigue en el banquillo acusado por más de medio centenar de partes y depende, al igual que Garzón, de la sentencia.

Según lo que ha transcendido, la jueza Elena Fernández Currás podría emitirla en la próxima primavera, debido a la complejidad de la causa, aunque los tiempos judiciales siempre son relativos, como sucede también con los más de dos años que, por analogía con el Prestige, se puede calcular que tardará como poco el fallo firme del Tribunal Supremo.

La sentencia que tal vez se conozca en primavera resolverá el pleito entre los seguros de Renfe y Adif

Desde el último giro de la fiscalía había la impresión de que si bien Cortabitarte puede ser condenado en Santiago, resultaba más difícil que el Supremo no lo absolviese. En esa alta instancia puede pesar más la razón de Estado, invocada en privado y plasmada en la fuerza de los hechos, desde el acuerdo al que llegaron al día siguiente del accidente, en la propia curva, la ministra popular Ana Pastor y el jefe de la oposición, el socialista Pérez Rubalcaba. Sin embargo, en las últimas semanas se hizo sentir de nuevo la presión contra la condena únicamente del maquinista de la Agencia Ferroviaria Europea, que tiene abierto un procedimiento de infracción contra España.

Además, en el juicio hubo otra gran guerra, la de la responsabilidad civil, de 58 millones de euros, por si los tiene que asumir en solitario la aseguradora de Renfe o a medias con la de Adif.


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