Raúl Salgado Zelaya, quien ha desempeñado funciones de asesor jurídico en la Secretaría de Trabajo y luego en la Secretaría de la Presidencia dentro de la administración actual, está involucrado en un juicio por su supuesta implicación en el desvío de recursos del Programa de Asignación Familiar (PRAF). La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) ha formulado acusaciones contra él y otras 39 personas, por el supuesto desvío de más de 96.9 millones de lempiras que estaban destinados a programas sociales entre los años 2010 y 2014.
De acuerdo con las denuncias, Salgado Zelaya, quien ocupó el puesto de jefe del Bono Juvenil en el PRAF en la administración pasada, estaría implicado en la concesión anómala de contratos a empresas sin la capacidad técnica necesaria, el uso de «empresas de fachada» para dividir licitaciones, y la manipulación de documentos para respaldar capacitaciones que no se realizaron o fueron ineficaces.
Conexiones con la administración actual y líderes políticos
A pesar de estos antecedentes, Salgado Zelaya continuó ejerciendo cargos de influencia en el gobierno actual. Documentos públicos revelan que desde marzo de 2022 se desempeñó como asesor legal en la Secretaría de Trabajo y en julio de 2024 se trasladó a la Secretaría de la Presidencia para ocupar el mismo cargo. Durante su gestión, participó en actividades oficiales, como un viaje a España en diciembre de 2024 para firmar un Acuerdo de Colaboración con el Consejo Económico y Social español, y representó a la Secretaría de Trabajo en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en 2022.
Además de sus conexiones con la administración vigente, Salgado Zelaya ha mantenido enlaces con políticos envueltos en polémicas. En mayo de 2021, fungió como representante legal de Milton Mateo Montalván, exdiputado suplente de Carlos Zelaya, en un litigio contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Milton Montalván, asimismo investigado por presuntos vínculos con el tráfico de drogas, es hermano de Wilkin Montalván, quien fue asesinado en 2021 y mencionado por Tony Hernández en un interrogatorio como parte de una red de narcotráfico en Honduras.
En junio de 2022, el Ministerio Público incautó 79 propiedades vinculadas a la organización de Wilkin Montalván, en la cual también fue mencionado Milton Mateo Montalván. Este último anunció en noviembre de 2024 su intención de competir como precandidato a diputado por el Partido Liberal, aunque no concretó su candidatura.
Pormenores del caso de corrupción en el PRAF
Respecto al caso de corrupción en el PRAF, la Fiscalía argumenta que los recursos malversados estaban destinados a los programas Bono Juvenil y DiMujer, los cuales brindaban capacitación a jóvenes y mujeres en condiciones de pobreza extrema. Los acusados habrían implementado un esquema de corrupción que implicaba la asignación de contratos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas privadas que no cumplieron con los servicios pactados.
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, señaló que la investigación podría expandirse a medida que progrese el juicio y se reúnan nuevos testimonios. Bárbara Castillo, representante de los juzgados de letras de lo penal, comunicó que 28 de los 40 acusados, entre ellos Salgado Zelaya, se han presentado voluntariamente ante el tribunal y se les han impuesto medidas alternativas, como la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer regularmente ante el tribunal.
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