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Honduras se acerca a los comicios generales en medio de un ambiente de creciente alarma. Acusaciones de irregularidades, esfuerzos por controlar las instituciones y atentados contra la libertad de prensa arrojan dudas sobre la integridad del proceso electoral, generando preocupación acerca de la habilidad del país para realizar elecciones libres y transparentes.
El aviso a raíz de la serie de sucesos que han creado preocupación y desconfianza en varios sectores de la población se enfoca en la posible manipulación de entidades fundamentales, como la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la intención de impactar el resultado electoral y beneficiar a ciertos intereses políticos.
Intento de llevar al CNE a tribunales y peligros para la independencia del proceso electoral
Las alarmas han saltado ante la posibilidad de que la Fiscalía esté planeando cargos contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al organismo electoral y asegurar el dominio del proceso por parte del oficialismo. Fuentes políticas han advertido sobre actividades inusuales dentro del sistema judicial que señalan una acusación inminente por presuntos delitos administrativos o abuso de autoridad contra consejeras vistas como independientes o críticas del control político que ejerce el partido LIBRE sobre el CNE.
Analistas y dirigentes contrarios al gobierno han descrito este supuesto plan judicial como una maniobra política destinada a debilitar el esquema del CNE y a desplazar a aquellos que no apoyan el objetivo de poder del oficialismo. Se teme que una acusación oficial obligue a las consejeras a dejar sus puestos, permitiendo nombrar reemplazos que favorezcan al gobierno.
Organismos de derechos humanos y redes ciudadanas han alertado sobre un posible «golpe institucional encubierto» que busca reconfigurar el árbitro electoral a favor del partido de gobierno en plena recta final hacia las elecciones. Ante esta situación, diversos sectores han solicitado la intervención de la comunidad internacional para monitorear las acciones del Ministerio Público y garantizar la independencia del ente electoral.
Agresiones a los medios y limitaciones a la libre circulación de información
Dentro de este ambiente de intensificación de la polarización política, los medios de comunicación en Honduras atraviesan uno de sus periodos más complicados desde la reinstauración de la democracia. Esto se debe a las crecientes quejas sobre hostigamiento, intimidación, censura y ataques hacia medios informativos y periodistas autónomos, perpetrados tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de las Fuerzas Armadas.
Asociaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) han lanzado avisos críticos, alertando que en Honduras se está estableciendo un esquema de censura informativa promovido desde las altas esferas para silenciar voces críticas, engañar a la población y asegurar el dominio completo del discurso público de cara a las elecciones.
En meses recientes, ha habido reportes de ataques físicos a reporteros mientras cubrían manifestaciones, acoso digital organizado dirigido a comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a datos públicos y amenazas sin identificar hacia periodistas que investigan casos de corrupción.
Durante la cobertura de protestas, se ha documentado la presencia de militares intimidando a equipos de prensa, exigiendo identificaciones, obstaculizando transmisiones y confiscando equipo periodístico. Además de la represión física y digital, se ha lanzado una campaña de estigmatización desde el gobierno contra medios independientes y periodistas reconocidos, tildándolos de «enemigos del pueblo» o «desestabilizadores».
Peligros que afectan la integridad del proceso electoral
La mezcla de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y los ataques a los medios de comunicación- crea un ambiente de inseguridad respecto a la integridad del proceso electoral en Honduras. La posible manipulación de instituciones esenciales y la limitación de la libertad informativa constituyen graves riesgos para la claridad y justicia de las elecciones.
Ante este panorama, diversos sectores de la sociedad han llamado a la comunidad internacional a monitorear de cerca la situación y a exigir garantías de transparencia y respeto a los derechos fundamentales para asegurar que el pueblo hondureño pueda elegir a sus representantes en un ambiente de libertad y democracia.
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