Conforme se aproximan los comicios generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) afronta denuncias por parte de la oposición sobre una supuesta planificación de fraude electoral con el fin de conservar el poder. Los grupos políticos contrarios, entre ellos el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras, han manifestado inquietudes sobre la claridad del proceso electoral.
Los líderes de estos espacios señalan un creciente rechazo ciudadano hacia LIBRE, el desgaste de su imagen pública y la impopularidad de su candidata, Rixi Moncada. Además, han denunciado maniobras que sugieren un posible fraude, como el control parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el inflado de votos en las elecciones primarias de marzo, la depuración selectiva de las Fuerzas Armadas y las amenazas a medios críticos. También se menciona el uso de campañas masivas de propaganda estatal y el uso de subsidios y recursos públicos para cooptar votantes en zonas vulnerables.
Alegaciones de estafa y preocupaciones del bando opositor
Planteamientos de la oposición abarcan alegaciones sobre alteración de resultados de votaciones, uso del poder judicial o presión contra candidatos competidores y miembros del CNE, presencia militar en el proceso electoral y limitación de la libertad de prensa junto con censura digital generalizada antes de la jornada electoral. Además, existe preocupación respecto a una posible declaración prematura de un estado de emergencia ante eventuales manifestaciones ciudadanas, así como el riesgo de que el gobierno busque invalidar los resultados de las elecciones, anular mesas críticas o detener el proceso electoral con excusas de orden público o seguridad nacional.
Solicitud de seguridades y monitoreo internacional
Frente a esta situación, las agrupaciones políticas opositoras han pedido la intervención temprana y activa de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multilaterales, una revisión externa del sistema informático electoral, y garantías públicas por parte del CNE para asegurar la transparencia, la equidad y la rendición de cuentas. Asimismo, han exhortado a la movilización ciudadana pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde sus inicios.
La acusación de un eventual engaño ha incrementado la tensión política y amenaza la estabilidad democrática de la nación. Los ciudadanos miran con recelo un proceso donde el órgano electoral se ve como sesgado, y donde el gobierno parece más interesado en mantener su control que en respetar la decisión del pueblo. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis después de las elecciones, lo que podría impactar la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
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