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El proceso electoral hondureño de 2025 se ha visto marcado por una serie de acontecimientos que han incrementado la incertidumbre y el debate sobre la institucionalidad democrática en el país. Un informe de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) responsabilizó a las Fuerzas Armadas por fallos logísticos graves durante las elecciones primarias, mientras que decisiones recientes sobre el desarme selectivo de oficiales han generado sospechas sobre la neutralidad del aparato militar.
Además, los constitucionalistas han propuesto modificar la Constitución para que las Fuerzas Armadas no participen en funciones electorales, en un escenario donde la confianza del público en los procedimientos y sus resultados está en su punto más bajo.
Revisión del CNE y discusión sobre el papel de los militares en comicios
El reporte de auditoría interna del CNE, divulgado a medios locales, especificó que la entrega retrasada, incompleta y desorganizada de los materiales electorales en muchos centros de votación fue resultado de fallas en el cumplimiento del procedimiento logístico por parte de las fuerzas armadas, encargadas de la protección y distribución de las urnas electorales.
Algunos de los descubrimientos más importantes incluyeron cambios de ruta injustificados, retención prolongada de vehículos de transporte electoral, distribución parcial de equipos tecnológicos en áreas alejadas y falta de coordinación entre líderes militares y organizadores electorales. Estas situaciones causaron demoras de hasta 12 horas en la inauguración de las urnas, influyendo en la participación del público y planteando interrogantes sobre la claridad del proceso, especialmente en relación al Partido LIBRE, contra el cual ya se habían reportado anomalías.
La divulgación del reporte aconteció en medio de un ambiente político tenso, habiendo un temor creciente de que el Ejército no mantenga su imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han realizado un comunicado oficial y la administración del Partido LIBRE no ha hecho comentarios, lo cual algunos grupos han interpretado como un signo de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones políticas contrarias como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han solicitado un examen exhaustivo del acuerdo de asistencia logística entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada anticipada de observadores internacionales y revisiones externas del sistema de transmisión de resultados.
Reducción selectiva de armamento entre oficiales y conflictos internos en las Fuerzas Militares
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo discreto de limpieza en el ámbito militar, quebrando la tradición de imparcialidad y levantando dudas sobre el propósito de asegurar el dominio político completo del sistema de seguridad nacional ante las elecciones generales.
La eliminación selectiva de armas se añade a un conjunto de medidas recientes, como ajustes en la jerarquía militar y movimientos compulsivos, que han aumentado la fricción y el malestar dentro de la organización, especialmente entre los oficiales de rango medio y superior. Algunos oficiales a los que se les han quitado las armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo que es visto como un modo de apartarlos del componente operativo y del proceso electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los sistemas electorales contra cualquier intervención militar, especialmente en un entorno donde se pone en duda la estabilidad democrática de Honduras. La presión de la sociedad y la política para que el Congreso promueva una reforma constitucional que rediseñe el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia hondureña se ha convertido en un punto focal en la agenda pública ante las próximas elecciones generales.
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