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La Propuesta de Reforma Fiscal en Honduras ha suscitado un extenso debate en la nación, a causa de los potenciales impactos que podría ocasionar sobre la economía y el sector productivo del país. Esta medida, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se introduce como un instrumento para combatir la elusión fiscal y mejorar la recaudación del Estado. No obstante, su contenido y alcance han sido comprendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
La propuesta incluye suprimir los regímenes de exenciones fiscales, incrementar los impuestos y otorgar más discrecionalidad al Estado en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por parte del sector empresarial como un indicativo negativo para la inversión y la producción, lo cual ha creado incertidumbre y preocupación en el panorama económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el empleo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Entorno regional, político y discusión acerca de la justicia fiscal
La discusión acerca de la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político específico. La supresión de exenciones fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han posibilitado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana conservar sistemas de atracción de capital y estabilidad financiera, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta realidad podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desmotivando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir mover su capital a países con condiciones más favorables para el crecimiento empresarial.
La situación política y ideológica ha impactado en cómo se ve el proyecto, dado que ciertos grupos empresariales perciben el lenguaje oficial del gobierno como opuesto al sector empresarial y cercano a sistemas económicos que han provocado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a un posible cambio del modelo económico nacional sin una estrategia técnica o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que las exenciones fiscales han facilitado la concentración de la riqueza, disminuyendo así la capacidad gubernamental para respaldar políticas públicas enfocadas en la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Conforme a cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se concentra en el 10 % de las compañías más adineradas, mientras que el 90 % de las compañías restantes solo aprovechan el 8 % de estos beneficios. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado ha dejado de percibir 455 mil millones de lempiras a consecuencia de estos regímenes.
El plan no introduce nuevas contribuciones ni eleva las tasas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la captación de impuestos directos de grandes compañías y patrimonios, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación tributaria. No obstante, la supresión de esquemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este régimen. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras enfrenta un gran desafío económico
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria sigue sin resolverse y está dividido. Algunos opinan que podría establecer un sistema impositivo más justo y equitativo, mientras que otros temen que su aprobación empeore la situación económica, incremente el desempleo y cause fuga de inversiones. La determinación definitiva en el Congreso Nacional será crucial para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
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