A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza
Las encuestas más recientes, como las realizadas por Pro Encuestas y TResearch, muestran que la campaña presidencial de Rixi Moncada ha tenido una caída constante. Aunque comenzó como la principal candidata, Moncada ha sido sobrepasada en los sondeos por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, ocupando ahora la tercera posición.
Analistas señalan que esta disminución se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción dentro del gobierno, divisiones internas en el partido oficial, desempeño económico deficiente y una percepción creciente entre los ciudadanos de falta de transparencia en la administración pública. La pérdida del apoyo popular ha coincidido con una intensificación en la retórica política desde el Ejecutivo y con indicios de tensiones institucionales que han activado las alertas en varios sectores.
Sospechas sobre el proceso electoral y control institucional
Uno de los puntos clave de discusión es la negativa del oficialismo a autorizar la verificación manual de los sufragios, una práctica común en procesos anteriores utilizada como método de comprobación frente a la digitalización de los resultados. La oposición y las entidades independientes señalan que suprimir este control podría permitir irregularidades y dificultar las auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se ha informado sobre medidas destinadas a obstaculizar la puesta en marcha del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), crucial para asegurar la transparencia durante el conteo de votos. Las tensiones han aumentado dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) mismo, donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han sido objeto de denuncias sobre presiones e intentos de interferir en sus funciones.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
La organización de un encuentro del Foro de São Paulo en Tegucigalpa, con la asistencia de delegaciones provenientes de gobiernos progresistas del área, revivió la discusión sobre las relaciones exteriores del partido LIBRE. Críticos indicaron que estos lazos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían intentarse implementar modelos de control político que fomentan la centralización del poder y limitan la participación democrática.
En paralelo, opositores como el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Eduardo Facussé, han advertido sobre la posible ejecución de un “Plan Venezuela”, orientado a generar inestabilidad institucional, protestas inducidas y bloqueos administrativos que dificulten una transición de gobierno.
De acuerdo con estas acusaciones, grupos relacionados con el gobierno supuestamente llevaron a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, en un contexto que podría desgastar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en el país.
Escenario incierto ante una elección decisiva
Con un panorama electoral cada vez más fragmentado y un oficialismo que pierde terreno en la opinión pública, Honduras se encamina hacia unos comicios marcados por la desconfianza, la tensión institucional y el cuestionamiento a las reglas del juego democrático.
Varias organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales y líderes políticos han enfatizado la importancia de una supervisión internacional sólida y de mecanismos de protección que aseguren la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.
