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En Honduras, la cercanía de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes respecto a la credibilidad del proceso electoral. Se han destacado dos áreas de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente sospecha hacia el papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se informa sobre la posibilidad de que la Fiscalía esté elaborando cargos formales contra integrantes del CNE, causando preocupación en grupos políticos y entidades que promueven la democracia. Se sugiere que este procedimiento legal podría tener fines políticos, enfocándose en consejeras que han sido críticas o autónomas respecto al gobierno. La potencial acción judicial contra consejeras del CNE ocurre en una etapa sensible, cuando la institución electoral tiene la responsabilidad de asegurar la organización justa del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de las organizaciones políticas y el público.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podrían poner en riesgo la autonomía de las instituciones y socavar la fe del público en el sistema electoral. Los opositores junto con grupos de la sociedad civil han manifestado su inquietud, demandando indagaciones fundamentadas en evidencias sólidas, en lugar de motivaciones políticas. Se ha solicitado a la comunidad internacional que alce la voz frente a cualquier intento de interferencia con el CNE y vigile las acciones del Ministerio Público.
Simultáneamente, ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía y políticos respecto al rol de las Fuerzas Armadas como protectoras del sistema democrático. Dirigentes de partidos contrarios, agrupaciones de la sociedad civil y analistas independientes han expresado inquietud por retiros y desplazamientos dudosos en la cúpula militar, la cercanía ideológica y funcional entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de militares en asuntos civiles y elecciones, y la opacidad en la organización del despliegue militar durante los sufragios.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
Durante las votaciones primarias de marzo, se registraron problemas respecto a demoras en el suministro de material de votación y una inusual presencia militar en determinados centros de votación, lo que ha intensificado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que las Fuerzas Armadas, influenciadas por personas cercanas al gobierno vigente, podrían ser usadas como instrumento para permitir un fraude en las elecciones o sofocar las manifestaciones del pueblo.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.
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