A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Después de la filtración, Carlos Zelaya dejó su puesto como diputado y secretario en el Congreso Nacional. De igual manera, renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien era el secretario de Defensa en ese momento. Rafael Sarmiento, líder del grupo parlamentario oficialista, también ofreció su cargo. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas legales concretas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones evidencian una tensión que va en aumento en el escenario político del país, donde las demandas para clarificar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional que muchos consideran inadecuada. La ausencia de medidas concretas por parte del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos que involucran a personas cercanas a autoridades.
Desgaste institucional en un escenario de polarización política
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este caso cobra importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el partido gobernante intenta reducir el impacto del escándalo en su discurso público. En esta situación, la exigencia social por transparencia y justicia permanece como un factor de presión constante.
Un ejemplo que refleja la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
La gestión de esta situación implica, no solo un desafío inminente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también un examen crucial para la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma de abordarla o ignorarla determinará el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral extremadamente polarizado.
