Junts señala al Gobierno que actúa a través de Hacienda y Administración del Estado contra las decisiones del Tribunal Supremo que rechazan aplicar la Ley de Amnistía a, entre otros, Carles Puigdemont. Pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyo futuro depende de los posconvergentes, evitan de momento este enfrentamiento judicial con el Alto Tribunal y se limitan a presidirlo mostrando abiertamente sus discrepancias con sus resoluciones al respecto.
“Lo que no podemos hacer es persistir en silencio ante algunas implementaciones que no nos parecen correctas”, expresó estas palabras el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una entrevista en Antena 3, en la que subió al Se han respondido a las críticas por la falta de aplicación de la amnistía.
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El mes pasado, Puente advirtió a los jueces de que no pueden excederse de sus límites en la interpretación de la ley «diciendo que hay malversación porque los independentistas temían a su peculio el dinero que les costaría la campaña independentista o el referéndum ilegal» y afirmó que otras instancias como el Tribunal Constitucional deberían haberse pronunciado sobre esta posición. Estas declaraciones provocan una ola de críticas del PP que acusa al Ejecutivo de, entre otras cosas, intromisiones en el poder judicial, respecto al TC y de conchabarse con Puigdemont.
«He ejercido mi libertad de expresión, ya que algunos se defienden con tanto ardor, pero otros parecen negar», respondieron estos miles al ministro para dejar constancia de que los Juegos también han tenido su libertad de expresión al hablar respecto a eso mismo leyó «antes de lo promulgado» en alusión a las manifestaciones con togas a las puertas de las audiencias provinciales y las informaciones contrarias a la ley del Consejo General del Poder Judicial ante el aprobarse. «¿No fue eso una invasión de las competencias de los poderes legislativo y ejecutivo?», preguntó.
“En mi caso emitió un dictamen, también autorizado, porque soy una persona que administró el Derecho durante 20 años”, alegó Puente, quien destacó que “el tenor literal de la ley es claro”, lo cual “independientemente de” la Supremo.
Para la ministra, lo que ha hecho el Supremo es «considerar que hay un enriquecimiento en los delitos de malversación» con los gastos que se han hecho para realizar «actividades ilícitas» como «el referéndum ilegal» en Cataluña. “Sí, perdónenme, pero ni desde la lógica jurídica ni desde la lógica elemental se puede entender. Sí, eso dije”, anotó.
“Es evidente que cuando se convoca un referéndum ilegal, si se colocan urnas y se pone gas para realizar ese referéndum, no hay enriquecimiento de quienes lo organizan”, por eso la ley de Amnistía “debe aplicarse en su totalidad”. términos”, insistió. Esta es la norma, según Puente, lo que establece es que «los delitos de malversación serán perdonables salvo aquellos en los que haya tenido enriquecimiento personal de quien se lo llevó».
Y registró que otros jueces y tribunales se están aplicando la misma ley: “Resulta que hay juzgados locales en este país, concretamente el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o este juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que han aplicado la ley de amnistía por los delitos de malversación de fondos. Sí, deberíamos reflexionar si estos tribunales están cometiendo algún tipo de ilegalidad, si no respetan el criterio del Tribunal Supremo”, remarcó.
Culpa a la Generalitat de la fuga de Puigdemont
Por otro lado, Puente ha visto un defensor de que el Gobierno central no tiene responsabilidad en el legado y nueva fuga de Carles Puigdemont la semana pasada, quien afirmó que con su actuación es el «cartilla humillado».
“El Gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad por la entrada de Puigdemont en España, por su actuación y por su marcha. La responsabilidad es de quienes muestran sus competencias en materia de seguridad en Cataluña”, añadió Puente, en clara alusión al Departamento de Interior de la Generalitat.
