En las últimas semanas, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pasado de ser uno de los rostros más visibles del “sanchismo” a convertirse también en blanco de críticas y sospechas políticas. La gestión del caso Salazar, las acusaciones de un intento de soborno por parte de un político de su partido en sede judicial, la tergiversación de una resolución judicial sobre Begoña Gómez y algunas decisiones controvertidas en Educación, han colocado su nombre en el centro del debate público.
El almuerzo con Paco Salazar en medio de la crisis por acusaciones de acoso sexual
El episodio más reciente y visible es la comida que Pilar Alegría mantuvo con Francisco “Paco” Salazar, ex alto cargo del PSOE y exasesor de Moncloa, cuando ya se conocían denuncias internas de acoso sexual contra él y había sido apartado de sus funciones.
La fotografía donde ambos aparecen sentados y conversando animadamente en un restaurante de Madrid se propagó por la prensa y las redes, provocando un intenso revuelo tanto dentro como fuera: mientras el partido intentaba frenar la crisis derivada del trato a las víctimas, la portavoz se mostraba en público junto al dirigente cuestionado.
Ante la presión, Alegría terminó admitiendo que aquella comida fue un “error” que “no se tendría que haber producido”, alegando que acudió por la relación personal de años con Salazar y porque todavía no conocía en detalle los testimonios que después publicarían los medios.
Más tarde, la ministra describió como “vomitivas” las conductas que se atribuyen a Salazar y remarcó su apoyo a las mujeres que lo señalan, reiterando que la atención debe centrarse en las víctimas y no en el impacto político para el PSOE.
Críticos dentro y fuera del partido, sin embargo, consideran que la comida refleja una doble vara de medir y un intento tardío de rectificación, en un contexto en el que el PSOE ha sido señalado por tardar meses en contactar de forma efectiva con las víctimas del caso Salazar.
La gestión pública del “caso Salazar” como portavoz
Más allá de la imagen, Alegría aparece en el núcleo del relato oficial sobre la forma en que Moncloa y el PSOE afrontaron el escándalo. En distintas intervenciones, la portavoz ha sostenido que el Gobierno respondió con “rapidez y contundencia” en cuanto recibió la comunicación formal de las acusaciones, subrayando la destitución de Salazar y de su colaborador Antonio Hernández, señalado por presunto encubrimiento.
No obstante, datos difundidos después revelaron que las denuncias permanecieron durante meses registradas en el canal interno del PSOE sin que se estableciera contacto con las víctimas, y que el partido estaba preparando su informe interno sobre el caso justamente cuando la controversia estalló en los medios.
Diversos programas de análisis político han puesto de relieve discrepancias entre la versión oficial y la secuencia real de los acontecimientos, resaltando que en aquel periodo Salazar aún habría mantenido una influencia velada y que Alegría consiguió entrevistarse con él mientras el partido aseguraba no poder hallarlo.
En este sentido, el “escándalo” se presenta menos como un asunto penal y más como un episodio político y comunicativo: se cuestiona a la portavoz por sostener una versión de esmero y rigor que, a la luz de la información disponible, aparenta ser parcial o indulgente con su propio partido.
La supuesta entrega de un soborno de 60.000 euros: un asunto aún en controversia
Otro de los aspectos más sensibles es la acusación de soborno formulada por el exdirigente socialista José Luis Ansón, quien ante un juez afirmó que Pilar Alegría supuestamente le ofreció 60.000 euros (y, según algunas versiones, hasta un cargo público) a cambio de retirar una denuncia contra el actual ministro Félix Bolaños.
Esta versión, difundida por diversos medios y espacios de opinión, suele mostrarse como un presunto ejemplo de una maniobra interna orientada a adquirir silencios que resultan incómodos para el partido.
La tergiversación del auto sobre Begoña Gómez
En octubre de 2024, Alegría protagonizó otra polémica como portavoz al comentar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente. En rueda de prensa, la ministra afirmó que el tribunal venía a decir que la investigación era “prospectiva, genérica e imprecisa”, sugiriendo que el auto desautorizaba al juez investigador.
El País expuso sin rodeos que el Gobierno había “tergiversado” el dictamen de la Audiencia, colocando a Alegría en el foco de una controversia por desinformación o, al menos, por un exceso de celo propagandístico al respaldar a la esposa del presidente.
Controversias administrativas en el ámbito de Educación y diversas discusiones adicionales
Como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Alegría ha recibido críticas por diversas decisiones en materia educativa: El proyecto de la nueva EBAU (Selectividad) contemplaba inicialmente una cuestionada “prueba de madurez” que generó rechazo entre comunidades autónomas y especialistas. Al final, el Ministerio optó por retirar dicho examen, ampliar la duración de las pruebas e incorporar una tercera corrección, un giro que muchos interpretaron como una rectificación política ante la presión del sector.
En otros frentes, ha sido la voz encargada de defender decisiones polémicas del Ejecutivo, como el rescate a la aerolínea Plus Ultra, un asunto judicializado y utilizado por la oposición como ejemplo de posible trato de favor.
Su salida del Ejecutivo con el fin de concentrarse en las elecciones en Aragón coincide justo con el momento en que estas controversias alcanzan su punto más álgido, y deja abierta una duda: ¿responde a un relevo político habitual o a un movimiento destinado a desactivar uno de los focos de desgaste que más perjudican actualmente la imagen pública del entorno de Pedro Sánchez?
