Romina Escobar, famosa en plataformas digitales por sus clips en TikTok, afronta un complejo problema judicial tras ser enviada a prisión preventiva por orden del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. La joven de 28 años enfrenta cargos por varios delitos, incluidos daños a un vehículo de la Policía Nacional Civil (PNC), robo de una gorra policial y uso no autorizado de uniforme oficial. Este caso ha suscitado un ferviente debate en redes sociales y en la opinión pública, debido a la naturaleza de los acontecimientos y las circunstancias en torno al incidente.
El caso ganó atención luego de que un video compartido por la propia Romina se viralizara. En dichas imágenes, se puede ver a la tiktoker dañando una patrulla de la PNC y luciendo una gorra policial. Según lo indicado por la acusada, el video se filmó mientras estaba bajo los efectos del alcohol, un error que ella misma ha admitido públicamente. A pesar de sus disculpas y de haber solicitado exámenes toxicológicos para probar su estado de embriaguez en el momento del suceso, las autoridades se negaron a realizar estos exámenes, lo que ha generado críticas y preguntas sobre la gestión del caso.
“Me siento muy apenada y arrepentida por lo ocurrido”, declaró Romina antes de comenzar la audiencia en su contra. Además, ofreció disculpas públicas a la Policía Nacional Civil, reconociendo la relevancia de su trabajo. No obstante, también manifestó su frustración alegando que “no me quieren perdonar por la negligencia cometida por los agentes”. Estas declaraciones fueron hechas mientras salía de los tribunales, claramente afectada por lo que está atravesando.
Este no es el primer conflicto de Romina con el sistema judicial. En agosto del 2024, la Fiscalía General de la República la imputó por robo y amenazas con agravantes en un caso vinculado a un conductor de servicios digitales. En esa oportunidad, Romina evitó la cárcel tras alcanzar un acuerdo con la víctima. Sin embargo, sus antecedentes han llevado a que las autoridades esta vez adopten una actitud más severa.
Este no es el primer enfrentamiento de Romina con la justicia. En agosto del 2024, la Fiscalía General de la República la acusó de robo y amenazas agravadas en un caso relacionado con un conductor de aplicaciones digitales. En esa ocasión, Romina logró evitar la prisión tras llegar a un acuerdo con la víctima. Sin embargo, los antecedentes han provocado que en esta oportunidad las autoridades adopten una postura más estricta.
Por su lado, la PNC ha sostenido su posición, destacando que los daños causados a la patrulla y el robo de la gorra representan infracciones que no pueden ser ignoradas. Asimismo, el uso incorrecto del uniforme oficial es una infracción que podría perjudicar la imagen institucional de la Policía.
La situación también ha resaltado el papel de las redes sociales en asuntos legales. La viralidad del video de Romina, que muestra su comportamiento, ha sido crucial en el proceso judicial y ha hecho que el caso reciba mucha atención pública. Algunos expertos sostienen que este tipo de exposición puede afectar la percepción de las autoridades y las decisiones en el ámbito judicial.
El caso también ha puesto en la mira el impacto de las redes sociales en situaciones legales. La viralización del video de Romina, en el que se evidencia su conducta, ha sido un elemento clave en el proceso judicial y ha contribuido a que el caso sea seguido de cerca por la opinión pública. Algunos especialistas argumentan que este tipo de exposición puede influir en la percepción de las autoridades y en las decisiones judiciales.
Mientras tanto, Romina permanecerá en prisión provisional hasta que se realice la próxima audiencia, donde se determinará su situación legal. Su caso pone de manifiesto las complejas intersecciones entre las redes sociales, la justicia y la opinión pública en la era digital.
