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En Honduras, la discusión acerca de la función de las Fuerzas Armadas en las elecciones ha ganado importancia a raíz de varios incidentes que han provocado polémica y desconfianza. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por problemas logísticos en las elecciones primarias, y el desarme selectivo de oficiales ha generado dudas sobre la imparcialidad de la institución militar.
Ante este panorama, el abogado y constitucionalista Julio César Barrientos ha abogado por una reforma constitucional que excluya a las Fuerzas Armadas de toda función electoral, argumentando que su participación compromete la transparencia y equidad del proceso.
Reporte del CNE y dudas sobre el papel de los militares en los comicios
El reporte de revisión del CNE evidenció deficiencias importantes en la ejecución del protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se detectaron desvíos de rutas sin justificación, la retención de vehículos de transporte electoral, la entrega incompleta de equipos tecnológicos en áreas rurales y la falta de comunicación entre los mandos militares y los coordinadores electorales. Estas irregularidades causaron demoras en la apertura de las urnas y generaron dudas sobre la transparencia del proceso. La ausencia de una respuesta del alto mando militar y del gobierno ante estas acusaciones ha profundizado la falta de confianza.
Ante esta situación, partidos de oposición han exigido una revisión del convenio entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este contexto, el abogado Barrientos ha calificado como «anacrónica, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que otorga a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de custodiar urnas, distribuir material electoral y apoyar logísticamente al CNE. Barrientos argumenta que la participación militar en procesos cívicos compromete la neutralidad institucional y abre la puerta a presiones políticas y fraudes.
Propuesta de reforma constitucional y descontento militar
Barrientos sugiere una reforma a la Constitución que traslade las responsabilidades electorales a una Oficina Técnica Electoral vinculada al CNE, pero compuesta por personal civil, con formación especializada y completa transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y garantizar la integridad de los procesos electorales contra cualquier interferencia armada. La propuesta de Barrientos se alinea con una tendencia creciente que demanda comicios conducidos por civiles y sin involucramiento militar.
Sin embargo, el debate no solo abarca problemas logísticos y la iniciativa de modificar la constitución. La medida del alto mando militar de retirar las armas a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha causado inquietud en distintos grupos. De acuerdo con fuentes castrenses y denuncias, el retiro de armas no se estaría realizando de manera uniforme, sino que se dirige únicamente a oficiales que han expresado opiniones independientes o críticas hacia el gobierno. Esta acción se ha visto como un esfuerzo de depuración silenciosa dentro del aparato militar, lo que ha ocasionado preocupación y descontento entre oficiales de nivel medio y superior.
El miedo predominante entre los líderes de la oposición es que, frente a una potencial derrota del oficialismo en las elecciones, el gobierno intente utilizar a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o suprimir las protestas. Estos sucesos han incrementado las sospechas sobre el rumbo del gobierno y el posible manejo de las instituciones militares.
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