Rixi Moncada impulsa eliminación de la Central de Riesgos y cuestiona la estabilidad económica hondureña

Rixi Moncada impulsa eliminación de la Central de Riesgos y cuestiona la estabilidad económica hondureña

La aspirante a la presidencia de LIBRE, Rixi Moncada, comunicó que si asume el cargo, promoverá la eliminación de la Central de Riesgos comenzando el 27 de enero de 2026. Esta iniciativa, planteada como una forma de incrementar el acceso al crédito y «democratizar la economía», ha generado un intenso debate político y económico en Honduras, ya que enfrenta opiniones divergentes sobre la viabilidad de las entidades financieras y el efecto en las personas endeudadas.

Un planteamiento disruptivo en el sistema financiero

Moncada afirma que más de dos millones de personas en Honduras están inscritas en la Central de Riesgos y son considerados como «criminales», lo que, según ella, les excluye de posibilidades económicas y de obtener créditos formales. Su propuesta busca restringir lo que califica como monopolios que funcionan con altas tasas de interés en detrimento de pequeños productores y emprendedores.

El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.

Opiniones y alertas desde campos económicos

Desde el ámbito técnico, las alertas no se han hecho esperar. El ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, calificó la propuesta como “irresponsable” y advirtió que politizar el sistema financiero implica “jugar con los recursos de los hondureños”.

Especialistas en economía entrevistados en medios locales han indicado que la desaparición de la Central de Riesgos, sin implementar un sistema sustituto que mantenga la confianza de las entidades financieras e inversionistas, podría resultar en un aumento del costo del crédito, una disminución en la disponibilidad de préstamos y un debilitamiento de la inversión privada.

La medida, sostienen los críticos, tendría repercusiones inmediatas en la estabilidad del sistema financiero, al despojar a las instituciones bancarias de un mecanismo central para evaluar la solvencia de los solicitantes de crédito. En este escenario, los riesgos de impago podrían trasladarse a toda la economía, afectando tanto a consumidores como a empresas.

Polarización política y tensiones sociales

La iniciativa ha sido acogida con entusiasmo por aquellos sectores que consideran a la Central de Riesgos un impedimento para la inclusión económica. Para muchos grupos de la población, el compromiso de Rixi Moncada representa una oportunidad de equidad económica ante años de prácticas financieras que consideran limitantes y excluyentes.

Por otro lado, críticos y analistas piensan que es una maniobra con un fuerte carácter populista, creada para obtener respaldo electoral de manera inmediata, aunque con el riesgo de desestabilizar la estabilidad económica del país a futuro. El debate no solo abarca temas financieros, sino también la habilidad de las instituciones para asegurar normas claras y concretas en un clima político ya caracterizado por el conflicto y la falta de confianza.

Una discusión abierta sobre la gestión económica

El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.

El futuro de la Central de Riesgos se ha convertido así en un símbolo del dilema entre justicia social y estabilidad institucional. Entre las promesas de democratizar la economía y las advertencias de un deterioro en la confianza financiera, el país enfrenta una discusión que definirá el rumbo de su gobernabilidad y su capacidad de atraer inversión en los próximos años.