El diputado Samuel Pérez Álvarez, integrante del movimiento político que nació de la mano del presidente Bernardo Arévalo, se encuentra ahora inmerso en una marcada polémica tras un episodio ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó recientemente ante los tribunales una solicitud para retirarle la inmunidad parlamentaria, tras considerar que su comportamiento podría constituir graves delitos administrativos y penales.
Un incidente menor o un abuso de autoridad con consecuencias serias
El caso tomó relevancia cuando el legislador interceptó y rompió una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno, y este acto de destrucción ha sido considerado por la Fiscalía de Derechos Humanos como una posible manifestación de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían justificar que el Congreso autorice una investigación formal.
Pérez replicó con tono irónico frente a la acusación, describiendo la denuncia como un presunto “hojicidio” y afirmando que jamás tuvo la intención de ofender, sino que todo obedeció a un mero enfrentamiento político. Asimismo, restó credibilidad al denunciante al señalarlo como corrupto.
¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?
En Guatemala, los diputados cuentan con inmunidad para preservar su independencia política, aunque esta protección deja de ser plena cuando surgen indicios de abuso de autoridad o actos de discriminación.
Si el Congreso aprobara la petición del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia autorizara el antejuicio, Pérez pasaría a estar sometido a un proceso penal formal que lo expondría a repercusiones legales, desde medidas administrativas hasta eventuales actuaciones ante tribunales ordinarios, donde podría enfrentar penas de prisión según la gravedad de los hechos que se le imputan.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de verse como un episodio aislado de conducta inapropiada en el hemiciclo parlamentario y ha evolucionado hacia un panorama legal que podría repercutir en su permanencia e influencia política en el país, y, si finalmente se aprobara el levantamiento de su inmunidad, el diputado debería enfrentar un proceso ante la justicia ordinaria cuyas consecuencias aún no han sido definidas.
