El nombre de Samuel Andrés Pérez Álvarez quedó ligado al caso más explosivo de la política guatemalteca reciente: la investigación contra el Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en su proceso de constitución como partido político. Lo que inicialmente se presentó como un expediente sobre posibles irregularidades administrativas y penales terminó convirtiéndose en una crisis institucional que amenazó con alterar el desenlace electoral de 2023 y condicionó el futuro político de una de las bancadas más relevantes del Congreso.
Pérez no aparece como un mero figurante en esta historia, sino que tuvo un papel clave: participó en la fundación de Semilla, ejerció como diputado del partido y más tarde se convirtió en una de sus figuras parlamentarias más destacadas. Por ello, aunque el caso no debe leerse como un juicio personal contra él, su trayectoria quedó inevitablemente expuesta al escándalo que envolvió al partido.
La acusación: firmas falsas para constituir el partido
El caso se centra en supuestas anomalías vinculadas con la recolección de firmas para inscribir al Movimiento Semilla, donde, según las acusaciones del Ministerio Público, se habría incurrido en la falsificación de firmas de afiliados con el fin de cumplir los requisitos de constitución partidaria. La pesquisa ganó notoriedad pública en julio de 2023, inmediatamente después de que Bernardo Arévalo, candidato de Semilla, avanzara de manera inesperada a la segunda vuelta presidencial.
El dato con mayor carga política fue el momento en que ocurrió. El 12 de julio de 2023, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que Sandra Torres y Bernardo Arévalo competirían en la segunda vuelta. Ese mismo día, el fiscal Rafael Curruchiche informó que, a petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juez Fredy Orellana había dispuesto la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla por el supuesto caso de firmas falsas.
La medida desencadenó una respuesta inmediata, ya que, de aplicarse, tendría el potencial de influir en la participación del partido en plena campaña electoral. Distintos especialistas en derecho, el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales cuestionaron que un juzgado penal tuviera la facultad de suspender a una agrupación política durante un proceso electoral, en especial porque la Ley Electoral guatemalteca resguarda a los partidos de cualquier suspensión una vez que las elecciones han sido convocadas.
Samuel Pérez: creador, legislador y figura destacada
Samuel Pérez aparece en este caso no como un funcionario judicialmente condenado, sino como una figura política asociada al nacimiento y conducción de Semilla. El partido fue registrado oficialmente en 2017 y entre sus fundadores se menciona a Pérez junto a Bernardo Arévalo y otros académicos, políticos y activistas que surgieron del clima político posterior a las protestas contra Otto Pérez Molina.
Ese lazo fundacional ayuda a entender por qué el caso tuvo un impacto político tan fuerte. La denuncia no apuntaba a un detalle menor de campaña, sino al propio sustento legal del partido. En síntesis, si Semilla había surgido con irregularidades, sus rivales podían poner en duda no solo la postulación de Arévalo, sino también la validez de sus congresistas, incluida la representación legislativa de Pérez.
Para sus detractores, el caso generaba interrogantes sobre la transparencia con que se había gestado la formación del partido, mientras que para sus partidarios se trataba de una maniobra destinada a frenar a una fuerza política que acababa de sacudir el panorama electoral.
