La superiora fiscal de Madrid, Almudena Lastra, reconoció hoy que su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue quien dio la orden de emitir un comunicado de prensa para aclarar algunos datos sobre un posible pacto entre la Fiscalía y el dictamen de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal.
Como máximo responsable de la Fiscalía Superior de Madrid, Lastra informó en el servicio de prensa del «imperativo» que viene desde la Fiscalía General de llegar al punto de las informaciones falsas sobre este posible acuerdo. Algunos medios de comunicación habían perdido el impuesto en el caso en el que había ofrecido ir a un trato para evitarle el jugo a Alberto González Amador pero esa oferta quedó paralizada al adjuntarse las solicitudes del Gobierno.
Para describir esta información, envíe una comunicación detallada a los contactos entre el representante fiscal correspondiente y el administrador de la empresa, indicando consistentemente que fue el último en el que se sintió ofendido, advirtiendo al representante fiscal que en caso de retiro de un acuerdo de cumplimiento bajo Esto en ningún caso debe paralizar el proceso penal.
La nota detalla las características de Tales Correos Elecrónicos y con un ítem de los Acontecimientos. Ante el conocimiento de la información difundida por la Agencia Tributaria de Madrid, tanto la defensa del partido del Presidente de la Comunidad de Madrid como el Tribunal de Justicia de Madrid anunciaron demandas contra la Ley del Impuesto.
Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió abrir una investigación contra el fiscal del caso y su responsable directo, el propio Álvaro García dijo tanto públicamente como en un escrito que es el responsable del incidente por ser el máximo responsable. de la Ley General Tributaria.
Lastra así lo reconoció en su declaración como testigo ante el juzgado que investiga la causa, Francisco José Goyena, que investiga la demanda contra la jefa fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por presuntos delitos de revelación de secretos y contra intimidación.
