A cinco meses de los comicios generales del 30 de noviembre, el partido oficialista Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta una coyuntura crítica marcada por divisiones internas, acusaciones de corrupción y un descenso pronunciado en la intención de voto. En un escenario electoral cada vez más incierto, el desgaste acumulado del partido gobernante amenaza con poner fin a su permanencia en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
En reacción, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo a la presidenta Xiomara Castro y a Moncada. Sin embargo, estas acciones no cambiaron la percepción de una organización debilitada; en cambio, varios grupos las vieron como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto difícil.
Escándalos de corrupción y cuestionamientos a la transparencia
La situación empeoró cuando salieron a la luz supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde funcionarios simpatizantes del oficialismo fueron acusados de desviar recursos destinados a programas sociales. El caso más destacado fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión se comunicó junto con la revocación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en bloque del partido al fuero parlamentario.
Pese a la contundencia aparente de estas decisiones, sectores opositores, en especial el Partido Nacional, las calificaron como maniobras simbólicas destinadas a desviar la atención. Según sus voceros, las acciones del oficialismo no han implicado sanciones reales ni investigaciones efectivas que garanticen rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé advirtió sobre el debilitamiento de la institucionalidad y llamó a la ciudadanía a defender el Estado de Derecho ante lo que consideró un intento de consolidar un modelo autoritario y financieramente insostenible.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Una perspectiva incierta para el partido en el poder
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En este escenario, el desenlace dependerá de la capacidad del partido para recomponer su estructura interna, atender los reclamos sociales y ofrecer respuestas claras ante los señalamientos de corrupción. De lo contrario, la jornada electoral del 30 de noviembre podría marcar un punto de inflexión en el mapa político hondureño.
