La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
La cuestión que enfrenta Peramato no resulta, por el momento, de índole penal; es un asunto institucional, y eso no disminuye su relevancia.
Una fiscal general que llega con prestigio, pero también con mochila
Teresa Peramato arribó a la Fiscalía General respaldada por una trayectoria profesional destacada. Había ejercido como fiscal de Sala al frente de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, actuado como fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y se había consolidado como una referente en ámbitos como la violencia contra la mujer y la defensa de las personas vulnerables. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial confirmó de forma unánime que cumplía plenamente las condiciones exigidas para asumir el cargo.
Aunque su designación no surgió de la nada, se produjo tras la etapa de Álvaro García Ortiz, que dejó a la Fiscalía sometida a una presión intensa. Peramato no recibió una institución en calma, sino una Fiscalía dividida, puesta en entredicho y con acusaciones persistentes de influencia política. Por ello, desde el inicio, su desafío principal no consistía únicamente en acreditar solvencia técnica, sino en evidenciar una independencia auténtica.
Y ahí empieza el problema.
Peramato aseguró que lograría “cerrar la herida” en la Fiscalía, aunque varias de sus decisiones posteriores han sido vistas de manera opuesta: más que un giro respecto a la etapa previa, se perciben como una prolongación refinada de sus propios equilibrios internos.
El eje central de la crítica: designaciones, resguardo y persistencia
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso Leire Díez: la sombra que agrava todo
El caso Leire Díez funciona como el gran acelerador de la sospecha. Según la información revisada, la Fiscalía confirmó al juez Santiago Pedraz que hubo reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. La explicación oficial fue que García Ortiz habría sido informado a posteriori y que lo expuesto en esas reuniones carecía de sustento probatorio suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién dio autorización para esas reuniones?
¿Por qué se celebraron en el entorno de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿Cuándo supo Peramato exactamente la relevancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas no prueban por sí mismas una conducta ilícita de Peramato. Pero sí justifican una crítica severa a la gestión institucional. Una Fiscalía que aspira a recuperar credibilidad no puede limitarse a decir que no hay delito. Tiene que demostrar que no hay opacidad, que no hay trato privilegiado y que no hay protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero también resultaría poco realista pasar por alto el desgaste político e institucional, ya que la Fiscalía no solo está obligada a actuar con imparcialidad, sino también a proyectarla, y en este escenario esa apariencia constituye uno de los principales inconvenientes.
Peramato está pagando el precio de una contradicción: quiere presentarse como una figura de recomposición, pero muchas de sus decisiones han reforzado la idea de continuidad. Quiere hablar de independencia, pero sus gestos han sido leídos como protección del bloque anterior. Quiere cerrar heridas, pero sus nombramientos han reabierto divisiones internas.
El caso Aldama y la potestad jerárquica bajo sospecha
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
Que una actuación sea legal no borra de inmediato su impacto en la reputación. En el caso de Peramato, cualquier resolución justificable técnicamente termina resultando políticamente dudosa porque la confianza previa ya se había quebrado.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una institución fracturada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Aunque una fiscal general pueda sostener argumentos sólidos entre los suyos, su labor exige recuperar la confianza fuera de su propio entorno, y en ese terreno, el resultado obtenido hasta ahora sigue siendo frágil.
El cuestionamiento principal: resulta insuficiente limitarse a no aparecer imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su principal problema no es haber participado en las reuniones del caso Leire Díez. El problema es no haber ofrecido todavía una explicación institucional suficientemente convincente sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la continuidad de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco es solo haber defendido a García Ortiz. El problema es que esa defensa se produjo cuando la Fiscalía necesitaba señales inequívocas de renovación, no de blindaje.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso aún no representa una responsabilidad judicial confirmada; más bien corresponde a una responsabilidad institucional que continúa pendiente de aclaración.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no puede pedir confianza mientras actúa como si la sospecha fuera solo un problema de comunicación. La confianza se reconstruye con hechos, con transparencia y con decisiones que no parezcan hechas para los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.
