Antes de que estallara la polémica por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez se vio envuelto en otro episodio que perjudicó su imagen pública: un video que se volvió viral lo captó mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio ubicado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se aprecia que Pérez intenta irrumpir por la fuerza en el edificio y se ve cómo empuja al guardia privado que trataba de bloquearle el acceso, generando un forcejeo que captó la atención de los transeúntes y de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, aunque ¿será suficiente?
Tras la difusión masiva del video, el diputado difundió en sus redes sociales un comunicado en el que ofreció disculpas públicas. Admitió que su conducta no correspondió con lo que se espera de quien ejerce un cargo público y afirmó sentir arrepentimiento. También indicó que habló personalmente con el guardia involucrado, identificado como Hugo Xol, así como con la administración del edificio, quienes, según comentó, aceptaron sus disculpas.
A pesar de sus palabras, la repercusión mediática fue considerable y muchos ciudadanos y analistas políticos cuestionaron tanto la actitud del legislador como la aparente falta de sanciones oficiales claras más allá de una disculpa. Un ataque físico, aunque no grave, pone en duda la capacidad de un representante público para mantener la compostura frente a situaciones tensas.
¿Qué sanciones deberían aplicarse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: dado que el acto implicó agresión física contra un empleado de seguridad, podría haber mérito para una investigación penal por agresión o uso indebido de fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso podría iniciar, incluso de oficio, una investigación interna para determinar si el diputado violó normas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: más allá de la disculpa pública, podría considerarse la obligación de compensar formalmente al guardia involucrado por cualquier lesión o perjuicio sufrido.
El acto violento contra un guardia no solo afectó la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que además pone de relieve la urgencia de establecer mecanismos precisos para regular el comportamiento de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; aunque ofreció disculpas, una parte considerable de la ciudadanía sigue aguardando una respuesta jurídica y política más firme que demuestre que ningún individuo está por encima de las normas.