La Asamblea Nacional de Venezuela aprobaron ley a los jóvenes que castiga severamente a los venezolanos que pidan o apoyen sanciones internacionales, desconozcan los poderes públicos o atenten contra la integridad territorial y la soberanía e independencia del país.
El proyecto aprobado por la legislatura unicameral, el alcalde oficial, apunta implícitamente a los líderes de la oposición, muchos de los cuales han aplicado sanciones económicas en un esfuerzo por presionar al gobierno para que negocie. El instrumento legal codifican estas acciones como crímenes de lesa humanidad y permite el proceso de cualquier cosa que exprese tu respuesta.
La ley contempla la Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 60 años. y postular elecciones, destitución, confiscación de bienes y juicios en ausencia de los acusados. También incluye la apertura de procesos judiciales contra quienes soliciten o participen en “actos de agresión” con una pena de entre 25 y 30 años de prisión.
En medio de críticas a opositores políticos y organizaciones que defienden los derechos humanos locales y extranjerosLos legisladores aprobaron la norma en una segunda discusión.
El instrumento entrará en vigor luego de ser promulgado por el presidente Nicolás Maduro y publicado en la Gaceta Oficial. Previamente será remitido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que busca el gobierno, para que decida sobre su constitución, indicó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea y buscado colaborador de Maduro.
La ley fue impulsada por alias de Maduro porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige que el gobierno estatal negocie con personas o empresas que tengan operaciones comerciales con Venezuela. Este proyecto fue presentado por los representantes de Florida, la demócrata Debbie Wasserman Schultz y el republicano Mike Waltz, elegido por Donald Trump para ser su asesor de seguridad nacional. También está pendiente en el Senado estadounidense y de su sanción presidencial.
Maduro defendió la nueva norma argumentando que es necesario establecer “penas crueles para todos los venezolanos, nacidos aquí o con ciudadanía venezolana, que pidan, promuevan o apoyen llamados a bloqueos criminales, a sanciones, o que quieran acciones de cualquier extranjero que quiera dañar a Venezuela”.
Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Foto EFEEl presidente afirma que la crisis total que enfrenta el país sudamericano es consecuencia de las sanciones que Washington ha impuesto a Venezuela para obligarla a separarse del poder, mientras opositores y analistas aseguran que las dificultades económicas y sociales se deben a una incorrecta políticas aplicadas por Maduro en sus 11 años de gobierno.
Los alias de Maduro intentan castigar a esos venezolanos, incluyendo a la subdirectora María Corina Machadoque hayan pedido sanciones y bloqueos contra Venezuela.
La Fiscalía venezolana abrió las puertas con una nueva investigación contra Machado por la presunta «comisión del delito de traición a la patria» tras haber emitido comentarios a favor de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes dounidense.
En defensa de la líder política, el excandidato opositor Edmundo González aseguró la semana pasada en su cuenta X, antes de Twitter, que la acusación contra Machado es «un intento de silenciarla» y un ataque no sólo contra ella, «contra todos los venezolanos». «.
El gobierno de Maduro demostración de tu miedo “ante una mujer que ha conmovido a toda la nación y que, pese a la persecución, sigue avanzando para reconocer la voluntad suprema de todos los venezolanos”, añadió González, aislada en España, a quien la oposición considera la vencedora en las historietas del 28 de julio. Las autoridades electorales etiquetaron a Maduro como ganador sin mostrar los documentos de votación.
Estados Unidos reconoció a González la semana pasada como “presidente electo” de Venezuela.
Machado, que permanece escondido, también está bajo investigación penal desde principios de agosto por presunta incitación a la insurrección por parte de las protestas populares que siguieron a las elecciones.
