El aumento de los tipos de intereses y la restricción del crédito han ralentizado la compra de vidas en España. Se trata de un impacto resultante de la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE) para luchar contra la inflación. La construcción de nuevas viviendas también se ha visto afectada, ya que las dificultades financieras han desanimado a los promotores, lo que ha pesado aún más sobre la escasez de vivienda que sufre el país.
Esta situación se resume en la inseguridad jurídica que generan los propietarios que quieren poner sus planes en alguien, debido a las nuevas normas legales adoptadas al respecto. Todo ello ha reducido la oferta de vida en el mercado y en el mercado. El resultado es la traducción del hecho de que los precios de venta no se basan en todo lo que deberían y que los compradores querrán gastar un año más. En octubre sufrió un 7%, según avanzan en los portales inmobiliarios.
Los compradores siguen desesperados y la posibilidad de vivir puede verse afectada por tipos de interés
Los datos son claros. Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística informó de que las transacciones de compraventa de viviendas registraron un 23,7% en septiembre –un 30% en Cataluña– y un 8,4% desde los primeros meses del año. Incluso si firmaran menos hipotecas. En concreto, por un importe inferior al 22% durante el año pasado, aunque esta cifra no refleja las numerosas compras efectivamente pagadas, que ascienden al 36,85% del total.
Los precios, como consecuencia del freno a la compra de bienes de consumo, han caído ligeramente o se han estabilizado, según la Junta de Registros, cuando el año pasado el sufrimiento rozaba el 7%. En el sector inmobiliario no hablamos de crisis sino de adaptación del mercado a las nuevas condiciones financieras. En esta situación, las gestoras inmobiliarias que habían desperdiciado sus bancos y fondos en la anterior crisis inmobiliaria han lanzado agresivas campañas de depósitos de valor, hasta el 62%, para cumplir con sus previsiones de venta de activos. Pero le agobian quienes se encuentran con los compradores, porque la mayoría de las veces sus planes no se adaptan a las necesidades del mercado, ya que están ubicados en ubicaciones secundarias, inaccesibles o en mal estado de conservación.
La radiografía de la vida en España refleja un mercado que no funciona, con una grave falta de dinero social y de acceso financiero equitativo, que afecta a un gran número de familias y, sobre todo, a los jóvenes con un techo digno. La solución es un aumento de la oferta, tanto para vender como, principalmente, para comprar, para equilibrar los precios del mercado. Por ello, es fundamental dar seguridad jurídica para que sea lo más probable que se encuentre en los pisos del comprador, tanto horrores pequeños y medianos como grandes fondos. La nueva ley de Vivienda y la normativa municipal más reciente no ayudan. Las inmobiliarias (API) de Cataluña afirman que la restricción a la compra se ha traducido en una reducción del 15% en la oferta de pisos para comprar. Esta política de vida, que impulsa Sumar -miembro del PSOE en el Gobierno-, debería ser revisada una vez se haya comprobado que no hay resultados positivos.
El presidente Pedro Sánchez reafirmó su deseo de hacer de la vida una prioridad para su gobierno. En este sentido, a cambio, es muy positiva la decisión de impulsar la construcción de 183.000 nuevas viviendas y mejorar las ayudas para todos. Pero alcanzar este objetivo de viviendas nuevas, que representan sólo el 20% de las necesarias en el país, es muy difícil porque la planificación urbanística de las autonomías y municipios, de las que son responsables, es viciada, tras haber denunciado el sector inmobiliario. En cualquier caso, hay que decir que es la primera vez, en más de cuatro años, que un Gobierno se abre decididamente a impulsar planes de compras accesibles. Para ser eficiente, sin embargo, la política de la vida debe armonizar con las necesidades y realidades del mercado.