Más de 200 altos cargos de la Generalitat han firmado un comunicado que se presentó al gobierno advirtiendo de la revocación de la instrucción que la semana pasada eliminó el teletrabajo entre los subdirectores generales y otros similares, después de haberse incorporado a Catalunya Ràdio y haber podido para confirmar La Vanguardia.
Cuando esta persona firmó el documento 237 con muchas cargas, la mayoría de los subdirectores generales que desde hace cuatro años, a partir de la pandemia de covid, teletrabajan dos días a la semana. El texto entregado a la Secretaría Administrativa y de la Función Pública empleada por el Departamento de la Presidencia es muy duro contra las instrucciones de que se ha publicado el pasaje 7 de negro y que se debe dejar un plazo de 15 días a las secretarías generales para dejarlo sin efecto a las autorizaciones de teletrabajo en estos colectivos. La Generalitat afirma que el teletrabajo es «difícilmente compatible con la naturaleza y responsabilidades inherentes» a estas cargas.
Los firmantes del manifiesto, según explica Catalunya Ràdio, señalan que la decisión se tomó sin pruebas, ni datos, ni mecanismos de valoración; Defendiendo que la presencialidad es un modelo de los siglos XIX y XXI, el teletrabajo les permitirá estar permanentemente conectados y tomar decisiones con agilidad y advierte que, de eliminarse, serán mucho más difíciles de conciliar y podrán mirar a los polos en rueda a la captación de talento. El asimismo, piden una evaluación independiente y rigurosa y, además, cuestiona la legalidad del medicamento porque si fue aprobado por decreto y alegan que debería haber sido revocado también por decreto y no por instrucción.
La instrucción de haber conocido el pasado juvenil, durante las vacaciones navideñas, dio lugar al “alto grado de responsabilidad estratégica” de estas tareas laborales y al agregado de que tiene un “impacto directo en la eficacia y eficiencia de las políticas públicas” para por ello es responsable de la planificación, coordinación y ejecución de las políticas estratégicas de cada departamento. El documento, publicado el pasado 7 de enero, pide por un plazo de 15 días a los secretarios generales que dejen sin efecto las autorizaciones de teletrabajo en estos colectivos.
