Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha posicionado como una de las figuras más destacadas en dos investigaciones de alto calado político: la vertiente del caso Koldo asociada a supuestas comisiones ilegales en contratos públicos y la pesquisa que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y al llamado grupo Hirurok.
El empresario navarro aparece en el centro de las sospechas por su papel al frente de Servinabar 2000, empresa que los investigadores consideran una pieza clave dentro de una red de relaciones que conecta a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y diversos actores implicados en ambas causas.
Entre los principales indicios valorados por la Guardia Civil y los jueces aparece una escritura privada de 2016 en la que se atribuye a Santos Cerdán la compra del 45% de Servinabar. Aunque Alonso y Cerdán insisten en que ese documento jamás tuvo validez jurídica por no haberse formalizado como escritura pública, su aparición durante los registros intensificó las sospechas sobre el vínculo empresarial que mantenían.
La investigación igualmente dirige la atención hacia la actividad económica de Servinabar. De acuerdo con los informes aportados al expediente, la empresa habría percibido más de seis millones de euros provenientes de Acciona y, posteriormente, habría efectuado transferencias a sociedades y entidades relacionadas con el entorno de Koldo García. Además, la UCO plantea la hipótesis de que Servinabar podría haber obtenido beneficios surgidos de adjudicaciones públicas presuntamente manipuladas.
Otro elemento especialmente comprometedor para Alonso fue su propia admisión de haber contratado a Koldo García como comisionista para la captación de obras privadas. Aunque esta circunstancia no acredita por sí sola ninguna ilegalidad, refuerza la percepción de cercanía con uno de los principales investigados del caso.
La situación se intensificó en diciembre de 2025, cuando Alonso terminó arrestado durante la investigación vinculada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores afirman que el grupo conocido como Hirurok habría empleado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y maniobras de relevancia económica. De acuerdo con la hipótesis policial, una parte de los beneficios generados por esta estructura se habría canalizado mediante Servinabar.
La Guardia Civil considera que Alonso no sería un actor secundario, sino una figura relevante dentro de una red que combinaba relaciones empresariales, políticas y económicas. Esta circunstancia explica que su nombre aparezca de forma recurrente en los informes policiales, registros judiciales y comparecencias parlamentarias vinculadas a ambas investigaciones.
No obstante, conviene subrayar que Alonso niega todas las acusaciones. Ha rechazado haber pagado mordidas, ha defendido la legalidad de la actividad de Servinabar y sostiene que las adjudicaciones obtenidas por la empresa fueron competitivas y ajustadas a derecho. Además, a fecha de hoy no consta ninguna sentencia firme que lo condene por los hechos investigados.
Más allá del desenlace que puedan tener los procedimientos, el impacto principal para Alonso ya se manifiesta: su nombre ha quedado públicamente vinculado a supuestas comisiones ilícitas, adjudicaciones cuestionadas, contactos con figuras clave del caso Koldo y a una investigación sobre potenciales redes de influencia política y económica, lo que ha generado un notable desgaste en su reputación pública.
