Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno tras revelarse que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están bajo investigación por presuntamente permitir el ingreso de personas indocumentadas, sustancias ilícitas, alcohol y otros artículos prohibidos a cambio de sobornos, mientras la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) llevan adelante un amplio operativo destinado a desmantelar esta red corrupta que también involucra a 35 civiles externos.
El modelo de operación de los funcionarios penitenciarios involucrados incluye prácticas como simular los controles de ingreso mediante pantomimas y cobrar tarifas por dejar pasar a personas sin documentos, quienes se reunían con destacados miembros de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Según la información recabada, cada ingreso costaba $60.000 chilenos, generando un grave impacto en la seguridad pública, ya que los encuentros permitían a las bandas continuar coordinando actividades delictivas como narcotráfico, secuestros y extorsión.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La penetración del crimen organizado en Gendarmería incluye diversas operaciones, entre ellas el ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad, WiFi, y hasta servicios personalizados para reclusos. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, a veces utilizando cuentas de terceros para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según las autoridades, no se trata de una organización jerárquica única, sino de varias redes independientes que operan dentro de Santiago 1. Estas redes también están vinculadas con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los penales coordinan los sobornos necesarios para garantizar el ingreso de bienes y personas.
Los cobros por estos servicios oscilaban desde $15.000 por permitir encuentros sexuales hasta $400.000 por autorizar el ingreso de un celular, y los testimonios reunidos durante las pesquisas indican además que los internos reconocen una zona del penal, conocida como «la feria», donde se llevan a cabo transacciones de artículos prohibidos con aparente normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves se destaca la práctica conocida como «rescate», en la que funcionarios incautaban productos ilegales como celulares para luego revenderlos dentro del penal por precios exorbitantes. Otro método, denominado «delivery», consistía en el ingreso por encargo de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este caso se reconoce como la manifestación más severa de infiltración del crimen organizado en una entidad pública en Chile, y Gendarmería, responsable de velar por la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, se ve hoy involucrada en denuncias que cuestionan la capacidad del Estado para frenar el avance de actividades ilícitas dentro de las cárceles, mientras grupos como el Tren de Aragua, con amplia experiencia en dominar prisiones en otros países, intentan reproducir ese modelo en Chile utilizando los penales como base para coordinar sus operaciones.
Acciones y soluciones requeridas
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El avance de esta investigación representa una oportunidad fundamental para implementar reformas estructurales que combatan la corrupción en Gendarmería. Si no se toman medidas drásticas que incluyan mayor transparencia y supervisión externa, el control de los penales podría quedar completamente en manos de las mafias criminales.
Procedencia: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]
